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 Práctica notarial
 que la propia Directiva califica como cultura de la rees-   ejemplo, cuando una empresa pierda un contrato de im-
 tructuración preventiva temprana. Así, y a diferencia de nuestro procedimiento concursal que parte del hecho inevitable de una insolvencia real, lo que se persigue es evitar, precisamente, llegar a esa situación, permitiendo a los deudores acogerse a estos marcos de reestructura- ción y limitar así, la liquidación innecesaria de empresas viables.
¿Quién podrá acogerse a estos marcos de reestructura- ción? Pues aquellos deudores que se encuentren en difi- cultades financieras que indiquen una insolvencia inmi- nente. Y es que, cuanto antes pueda detectar un deudor sus dificultades financieras y tomar las medidas oportu- nas, mayor será la probabilidad de evitar una insolvencia. Los Estados miembros deberán establecer a este respecto herramientas de alerta temprana, que serán adecuadas y diferentes dependiendo del tamaño de la empresa, y que permitirán detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inminente, advirtiendo de la necesidad de actuar sin demora (artículo 3). Por ejemplo, pensemos en una alarma que se accione inmediatamente caso de impa- go de impuestos o de cotizaciones de la seguridad social.
Pero el ámbito de aplicación de estos marcos no se ha de limitar a los problemas financieros, sino que se ha de ex- tender a todas aquellas situaciones que supongan una amenaza real y grave para la capacidad actual o futura del deudor de pagar sus deudas al vencimiento de éstas. Por
portancia clave para la viabilidad de su actividad.
Una vez constatadas estas dificultades, y para incentivar al deudor a solicitar la reestructuración preventiva, en principio, conservará el control sobre sus activos y la ges- tión cotidiana de su actividad empresarial (artículo 5.1). Es decir, a diferencia de nuestros procedimientos concursales mediatizados por el nombramiento de un administrador concursal, la Directiva prevé que el nombramiento de un administrador en materia de reestructuración, ya sea para supervisar la actividad de un deudor, o para tomar el con- trol de sus operaciones cotidianas, no deba ser siempre obligatorio, sino que se decidirá en cada caso concreto en función de las circunstancias o necesidades específicas.
Instada por el deudor la reestructuración preventiva, se inicia un diálogo con los interesados, o partes afectadas, es decir, acreedores o, categorías de acreedores, incluidos los trabajadores, y cuando así lo disponga la normativa nacio- nal, los tenedores de participaciones cuyos créditos o inte- reses respectivamente se vean directamente afectados por un plan de reestructuración (artículo 2.1.2o) Los acuerdos tanto para la adopción del plan de reestructuración como las medidas para su ejecución se adoptarán por las partes afectadas siempre que en cada categoría de acreedores se alcance una mayoría —que no será superior al 75%— en el importe de sus créditos o intereses (artículo 9.6). No obs- tante lo anterior, un plan de reestructuración deberá ser confirmado por una autoridad judicial o administrativa siempre que afecte a créditos o intereses de partes afecta- das disidentes, o se trate de planes que prevean una nueva financiación, o aquellos que impliquen la pérdida de más del 25% del personal si la normativa nacional lo permite.
Reunidas las partes comienza la negociación y, para fa- cilitarla, el deudor debe poder disfrutar de una suspensión temporal de ejecuciones singulares (artículo 6), ya sea acordada por una autoridad judicial o por ministerio de la
           Los Estados miembros han de garantizar que las em- presas y empresarios viables que se hallen en dificulta- des financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les per- mitan continuar su actividad y limitar así la liquidación innecesaria de empresas viables.
           























































































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